En el marco del Estado constitucional de derecho y el modelo autonómico vigente en Bolivia, la fiscalización es una herramienta clave para garantizar la transparencia y el buen gobierno. No obstante, esta labor debe ejercerse dentro de los límites legales, éticos y constitucionales, y nunca al costo de vulnerar derechos fundamentales, mucho menos cuando se trata de servidores públicos que cooperan voluntaria y legalmente con los actos de control institucional.

Recientemente, en una plataforma como TikTok —un espacio que dista mucho del rigor institucional que debería caracterizar a la administración pública— se ha difundido un video donde un concejal expone rostros de funcionarios municipales, en especial el de la Directora del área, quien prestó colaboración activa en el esclarecimiento de presuntas irregularidades administrativas. Paradójicamente, en ese........

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