Esta semana la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo (ACOT) sufrió dos traspiés en la Cámara de Diputados. El primero, una derrota: la reforma constitucional que ampliaba a 30 días el plazo de detención para expulsiones administrativas -prorrogable- no alcanzó el quórum. El segundo, una victoria a medias: la “ley antibarricadas 2.0” fue aprobada, pero con una indicación que, según el propio oficialismo, la deja “impracticable”. Dos resultados distintos, una misma causa: al Ejecutivo le falló la organización, no las ideas.

Empecemos por los números. La reforma de expulsión obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, uno menos de los 89 requeridos. Faltó exactamente un voto. Y ese voto,........

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