Era difícil sustraerse esta semana de hablar de inmigración, de regularización y de su impacto para el conjunto de la economía, por más que este no sea el foco correcto. Se trata de una decisión política, pero no en términos de nuevos votantes, que no lo son, ni de contento al lado izquierdo del espectro, que ve cómo lo van vaciando de contenido, sino un intento de mostrar la cara menos amable de la derecha radical y, sobre esa base, alarmar al electorado y tratar de movilizar un voto harto de que le cuenten mentiras, tralará. Hasta ese punto hemos llegado.

No parece que les vaya a salir bien la jugada. Pero es que, además, lo peor que le podría suceder a este país es que así fuera. Porque, en contra de lo que pudiera parecer, de lo que dice la macro sobre producción y productividad, de lo que supone para las arcas públicas en términos de ingresos (pocos) y costes (consolidados), de las implicaciones sobre activos ya escasos como la vivienda, una propuesta de este tipo a quien perjudica de verdad es a aquellos que engrosan la mal llamada ‘clase media’, que ni es clase ni es aspiracional como siempre había sucedido.

En efecto, lo que pasa es lo siguiente. Incorporamos un montón de gente de países en desarrollo, cuando no directamente tercermundistas (cierto es, los menos). Muchas de esas personas se encuentran en España con una situación inimaginable en sus lugares de origen en términos de estado de bienestar. Y, como no podía ser de otra manera, hacen un uso intensivo de él, aprovechando todos sus recovecos, de tal manera que se produce una saturación en los servicios públicos con el consecuente deterioro de los mismos en detrimento de una parte sustancial de la población local que no se puede permitir una alternativa.

El ejemplo paradigmático sería la sanidad, donde todos hemos experimentado el nivel de colapso de las urgencias o la imposibilidad de conseguir una cita en tiempo y forma para........

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