La pasada semana Eurostat publicó los datos de déficit y deuda pública, y esta semana el Gobierno tendrá que enviar a Bruselas su programa de estabilidad. En la crisis del euro de 2010, este era un momento crítico, especialmente para los países con problemas de accesibilidad a los mercados de capitales que necesitaron ser rescatados. Ahora, por suerte, los inversores están relativamente tranquilos, pero el análisis de la situación fiscal de los países sigue siendo muy relevante. Europa y España están en una profunda crisis industrial y tecnológica y de revisión de su modelo de estado de bienestar, que es insostenible, y aquí haré un análisis realista y sin anestesia. Nadie sale de una crisis sin reconocer primero que está en crisis.

En 2025 España, incluyendo administración central, autonómica y municipal, consiguió reducir el déficit público hasta el 2,4% del PIB y la deuda pública hasta el 100,7%. El discurso del Gobierno es, como siempre, triunfalista, pero, como analizaré a continuación, es un aprobado raspado en términos de reglas fiscales europeas y un suspenso si la comparación se hace con los países contra los que competimos industrialmente, principalmente asiáticos, y que en muchos casos tienen mejor tecnología, más productividad, menores salarios y pagan muchos menos impuestos que los países europeos.

Las reglas fiscales exigen, desde el Tratado de Maastricht para entrar en el euro, tener un déficit inferior al 3%, y este Gobierno aprueba el examen por primera vez desde 2018. Europa tiene muchos frentes, principalmente de defensa y seguridad, y no va a exigir a España más de un aprobado en su programa de estabilidad hasta 2028, y para Pedro Sánchez, que tiene mil líos, un problema menos. Así piensan y toman decisiones nuestra clase política europea, y por eso Europa y España están en una crisis de la que nos costará sangre, sudor y lágrimas salir.

Si nos comparamos con los otros países rescatados en la crisis del euro, Grecia, Portugal e Irlanda, todos tienen superávit fiscal menos nosotros. La causa es que la Troika les obligó a hacer reformas que redujeran el gasto estructural, única forma de reducir la deuda pública a largo plazo. A España también le forzaron a reformar el sistema de pensiones, con una regla de contención del crecimiento del gasto, que Pedro Sánchez decidió eliminar y volver a revalorizar las pensiones con el IPC. El ministro que hizo la reforma, hoy Gobernador del Banco de España, reconoció que eso suponía aumentar el gasto público tres puntos porcentuales de PIB a medio plazo, y solo en la crisis del gas y de inflación........

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