En apenas unos años de gestión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destrozado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e introducido a la Guardia Civil en un proceso de deterioro reputacional. Nuestros servicios de inteligencia, que ya sufrieron en mayo de 2022 la embestida del propio Ejecutivo tras la intrusión, presumiblemente del espionaje marroquí, en los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa, han sido de nuevo vapuleados desde el Ministerio del Interior. Por lo que a la Guardia Civil se refiere, tres cuartos de lo mismo: su directora general, imputada, como su predecesor, y el director adjunto operativo (DAO), también investigado. Aquella y este, sostenidos en sus respectivos cargos a modo de sacos terreros de la Moncloa. Dos organismos estratégicos en la defensa del Estado, en la picota. Con su imagen reventada.

En la crisis de Ceuta —"una violación de la integridad territorial de España"— el Gobierno ha desplazado su responsabilidad en todas direcciones menos en la evidente: la suya propia y la de Marruecos. Las mafias y el Supremo resultaron, en la primera instancia del discurso gubernamental, las causantes de la avalancha en Ceuta el pasado día 30 de julio. Cuando esa versión flaqueó por inverosímil, el foco lo desplazó el desarbolado Grande-Marlaska hacia una supuesta ausencia de información previa por parte de los servicios de inteligencia. Ni la presidencia del Gobierno ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, le han desmentido. No importa el disparate incoherente de alabar su trabajo y denigrar su papel en la crisis, mantener una cosa y su contraria, una contradicción más, que........

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