España se ha posicionado en los últimos años como uno de los destinos más atractivos de Europa para la implantación de centros de datos, gracias a su ubicación geográfica estratégica, su clima favorable, su potencial renovable y su posición como hub entre Europa, África y Latinoamérica. El sector podría movilizar más de 65.000 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta 2030 y generar más de 16.000 puestos de trabajo, según la Asociación Española de Data Centers. Los centros de datos no son un fin en sí mismos ni una industria electrointensiva convencional: son la infraestructura sobre la que se construye la transformación digital de toda la economía, desde la industria hasta la sanidad, desde las finanzas hasta la educación. Constituyen una infraestructura crítica y tienen una dimensión transversal de primer orden, por lo que su tratamiento normativo ha de tomar en consideración su carácter estratégico.

En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto el trámite de audiencia e información pública sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos aplicables a los centros de datos. La voluntad de dotar a España de un marco regulatorio claro y previsible es positiva. Sin embargo, algunos de los requisitos planteados pueden generar el efecto contrario al deseado: mayor inseguridad jurídica y una desventaja competitiva frente a otros Estados miembros derivada de unas exigencias regulatorias que anticipan normativas aún en tramitación.

Uno de los aspectos más sensibles es el relativo a la soberanía digital. En concreto, el Artículo 5 exige que la operación del centro de datos y el control de los datos asociados correspondan a entidades establecidas en la UE. La formulación requiere una mayor concreción para evitar interpretaciones que puedan resultar incompatibles con la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. En particular, no queda claro si basta con que el........

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