Bukele precisó el viernes, tres días después de su primera declaración, que su Gobierno evalúa los casos de unos 10.600 presuntos colaboradores de pandillas, de los cuales aproximadamente el 50 % (unos 5.000) podría acogerse a un programa de liberación anticipada.

El mandatario enfatizó en que ningún pandillero, poste, chequeo o gatillero —personas con distintos roles dentro de las estructuras criminales— será liberado.

En cambio, sostuvo que los colaboradores deben ser evaluados de manera individual, porque no todos tendrían el mismo grado de responsabilidad: algunos podrían merecer penas de hasta 20 años, mientras que otros podrían acceder a una salida anticipada.

Bukele también cuestionó a los medios que informaron que liberaría a la mitad de los presos, unas 46.000 personas, y exigió que publiquen una rectificación o una aclaración.

El presidente admitió que algunos detenidos pudieron colaborar con las pandillas bajo coacción. Distinguió entre quienes ejercían violencia y quienes colaboraban con los criminales para sobrevivir o evitar represalias.

Reconoció que, en un país sometido al control de estos grupos, la colaboración no era inusual y llegó a afirmar que, de detener a todos los colaboradores, habría que arrestar al 20 % de la población de El Salvador, país que tiene 6,4 millones de habitantes.

Bukele y la concentración del poder

Para Gabriel Labrador, periodista de El Faro que cubre temas de política, corrupción, seguridad y derechos humanos, la declaración de Bukele puso de manifiesto la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de transparencia de los procesos judiciales.

Explica a El Comercio que el régimen de excepción vigente desde el 2022 amplió el margen de acción del Ejecutivo en ámbitos que corresponden a la justicia y la Fiscalía.

También advierte que la política de detenciones masivas no ha distinguido de manera adecuada entre integrantes de pandillas, colaboradores voluntarios y personas que ayudaron a estos grupos por miedo a represalias.

“Este anuncio de la semana pasada revela mejor que ninguna otra frase o declaración que haya dado antes el presidente sobre quién es el que decide el destino de todos los presos, sobre todo los del régimen de excepción”, afirma el periodista.

“Desde el régimen de excepción, el Poder Ejecutivo ha ido ganando terreno y ha ido........

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