Dos resoluciones definitivas, en sendos juicios por corrupción, han restablecido los derechos electorales de Vladimir Cerrón. Era un muerto civil por sentencias anteriores, y ahora está habilitado para postular a la presidencia en el 2026. Enfrenta otros procesos, pero los principales fueron superados, dando mayor crédito a sus acusaciones de que padeció una persecución política. Un tema colateral es el efecto que tendría su participación, a la cabeza de Perú Libre, en la disputa por el voto de los más descontentos, especialmente del sur andino. Está prófugo desde el 6 de octubre del 2023, cuando un tribunal superior lo condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva por colusión simple. Precisamente en uno de los casos en los que acaba de ser declarado inocente: el aeródromo Wanka.

Cuando era gobernador regional de Junín (2011-2014), Cerrón suscribió un contrato para construir un aeropuerto internacional en Jauja. Contravino normas administrativas, pero en el juicio no se ofrecieron pruebas de que cometiera un ilícito penal, según la Corte Suprema, que resolvió un recurso de casación el pasado 26 de marzo. En una explicación pública, César San Martín, autor de la ponencia absolutoria, acordada por unanimidad, dijo que el proceso de contratación fue complejo, transparente y defectuoso. Añadió que ya existe jurisprudencia reiterada de que la suma de infracciones administrativas no equivale a un delito.

La colusión simple se produce cuando un funcionario público concierta con terceros para defraudar al fisco. No solo requiere concertación –que estaría reflejada en la firma de un contrato–, sino intención defraudadora, independientemente de si el perjuicio se consuma, en el caso concreto la obra fue cancelada sin daño para el Estado. El razonamiento de los jueces fue que las sentencias previas contra Cerrón no demostraron un ánimo fraudulento. Por lo tanto, no estaba........

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