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Según un análisis elaborado por el Instituto Aklla Perú, el Estado tendrá que destinar, a través de la figura del financiamiento público directo, más de S/222 millones a las seis agrupaciones políticas que lograron ubicar senadores y diputados tras las Elecciones Generales 2026. Es decir, un monto que será distribuido entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y el Partido Ahora Nación [ver gráfica].

En sentido estricto, ello significará un incremento del 185% respecto a los casi S/78 millones desembolsados para el período 2021-2026, que está ad portas de concluir. En el caso de las agrupaciones que vuelven a tener representación parlamentaria, el aumento llega incluso a superar el 400% respecto a lo que recibieron en el quinquenio anterior.

Si bien este incremento está vinculado con el retorno del sistema de dos cámaras, al que el país vuelve tras más de 30 años, específicamente responde a una modificación introducida mediante la Ley N.º 32254, aprobada en enero del 2025 por el Congreso saliente. Hasta entonces, se establecía que este financiamiento público se calculaba en función de los votos emitidos para elegir a los representantes al Congreso —entiéndase, de composición unicameral—.

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Sin embargo, con la modificación, la norma pasó a tomar como referencia los votos obtenidos por cada organización política tanto en la elección de diputados como en la de senadores. De hecho, la propia ley precisa textualmente que, si una agrupación obtiene representación únicamente en una de las dos cámaras, el cálculo se efectuará solo sobre los votos alcanzados en esa elección.

En la práctica, se trata de una........

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