En entrevista con El Comercio, Álvarez también hace un diagnóstico del Ministerio de Justicia que ahora le toca dirigir, explica la reforma del sistema penitenciario que se promoverá y detalla el camino que seguirá el pedido de facultades legislativas que se alista a presentar ante el Congreso. Asimismo, señala que se evaluará incluir en estas últimas una modificación a la norma que, según sostiene, está siendo mal utilizada para permitir visitas nocturnas al penal de Barbadillo, reveladas por la prensa.

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— Varios de sus colegas ministros han denunciado públicamente irregularidades detectadas durante el proceso de transferencia. Su caso es particular porque usted fue parte de uno de los gobiernos anteriores. ¿Ha identificado alguna irregularidad en el Ministerio de Justicia que considere necesario denunciar o esclarecer públicamente?

Los conductos legales ya están siendo articulados. Pero se puede mencionar, por ejemplo, que el anterior gobierno no nos ha dejado dinero ni para limpieza ni para seguridad. Y el dinero que se había presupuestado se acabó el 30 de junio. Por tanto, ahora tenemos personal de limpieza que prácticamente nos está prestando sus servicios, literalmente, porque aspiran a que puedan reengancharse y continuar ejerciendo su labor. Algo similar pasa con la vigilancia. Como ustedes habrán visto, prácticamente no hay vigilancia. Es una situación absolutamente anómala que, obviamente, se refiere a una exacerbación de la provisionalidad. Porque una cosa era tener una vicepresidenta como Dina Boluarte; otra cosa era tener un presidente del Congreso como José Jerí. Pero ya el tema de que caiga por una censura y no por una vacancia y que, por poco tiempo, asuma otra persona, y ahora sí vinculada a la extrema izquierda, prácticamente ha permitido que personas extrañas al Estado y, claro, absolutamente divorciadas de los principios que rigen el sector público, como el de austeridad o como el de un sentido del deber, puedan haber manejado ministerios y sectores que son de mucha importancia. Si a Justicia le pasa esto, no sé qué más habrá podido encontrar Interior y Defensa, por ejemplo, que son sectores sumamente delicados.

— ¿La crisis política de los últimos años, y que todos los peruanos hemos visto, ha afectado incluso operativamente a los ministerios?

Y no solamente a los ministerios. Al INPE, por ejemplo. El INPE tiene graves problemas de financiamiento y de sentido del deber, muchas veces, porque han cambiado directores y autoridades dentro de los penales prácticamente a discreción, muchas veces, de bandas criminales. Entonces, la situación es absolutamente irregular. No es que haya malos funcionarios en algunos lugares, sino que son parte del otro bando. Felizmente, tenemos algunos funcionarios que hasta la fecha siguen manteniendo sus puestos y son los primeros que nos han ido informando y señalando algunas posibles soluciones.

— ¿Cuál es su diagnóstico entonces del estado en el que ha encontrado el Ministerio de Justicia?

Igual que [lo dijo] la presidenta: es un Estado catastrófico. No tenemos dinero, por ejemplo, para cosas elementales. No hay para los baños, para la limpieza de baños, jabón, etcétera. Y eso habla de mal manejo. O sea, si la gente que estaba ha hecho desaparecer el dinero de limpieza, no quiero pensar qué ha sucedido con la cooperación internacional o con los fondos de otros subsectores y otras entidades, donde posiblemente alguien que no tiene experiencia en el manejo del Estado, o que no tiene prejuicios para aventurarse, pudo haber pensado que no se iba a notar. Todas estas cosas van a ir saliendo, pero de a poco. Porque paralelamente estamos urgidos del tema de la delegación de facultades, estamos urgidos de controlar penales, de conseguir los cuadros directivos, y eso demanda un esfuerzo considerable.

— Básicamente, entonces encontró un ministerio en crisis…

Sí, pero tampoco esperábamos un ministerio en bonanza. Y eso habla de una conclusión que los electores deben conocer. La inestabilidad política genera no solamente una pésima gestión pública, sino que termina perjudicando a los propios ciudadanos.

“Estamos en la oportunidad de oro para poder negociar [...] la reforma profunda del Sistema Interamericano”.

“Estamos en la oportunidad de oro para poder negociar [...] la reforma profunda del Sistema Interamericano”.

— Su olfato político, su olfato como especialista en derecho, ¿qué le indica? ¿Corrupción, malos manejos o ineficiencia en el Estado?

Son las tres cosas. Por ejemplo, hay casos de investigación interna, casos de corrupción, casos en los que evidentemente no pudo haber sido simplemente negligencia. Pero tenemos que efectuar las denuncias penales de una manera inmediata. Claro, entregando los medios de prueba, pero al mismo tiempo denota una severa crisis de gestión.

— ¿Ya se han formulado denuncias penales por esto que me está comentando?

Eso está siendo trabajado.

— Muchas de las iniciativas, lamentablemente, quedan en el tintero por la constante salida de ministros y la inestabilidad que ha marcado los últimos gobiernos. ¿Cuál será la principal prioridad de su gestión y qué espera dejar para el ministerio y para el país?

Lo primero es un ministerio eficiente que sirva de verdadero asesor jurídico del Gobierno. Lo segundo es cumplir con cada uno de los objetivos que tienen las dos ramas, el Viceministerio de Justicia y el Viceministerio de Derechos Humanos. Tenemos pendiente el posicionamiento del Perú pro reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos pendiente la reforma del INPE y de todo el sistema penitenciario, con todo lo que eso significa. […] Luego, en lo inmediato, establecer una especie de concordia, de conciliación entre la Policía y el Ministerio Público, para que exista un solo protocolo para el inicio y desarrollo de la investigación preliminar. Porque ambos, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, todavía siguen con algunas observaciones, con alguna disonancia entre ellos, y esa labor es vital. Luego viene el tema de la flagrancia. El subsistema de flagrancia es defendido por el Poder Judicial, pero lamentablemente ese optimismo no es compartido por el Ministerio Público y tiene que ser reformado. […] Y el otro problema que viene a continuación de la flagrancia es el problema del subsistema de bandas criminales, donde se va a incorporar extorsión, sicariato y secuestro, a pedido del Ministerio Público. Entonces, va a haber un subsistema dedicado exclusivamente a lo que está agobiando en este momento al bodeguero, a los transportistas y a muchos otros ciudadanos que tienen pequeños emprendimientos. Pero este fenómeno delictivo no encaja en flagrancia y, si se lleva al sistema regular, va a pasar muchos años, porque el Código Procesal Penal consagra audiencias para cada una de las diversas etapas o de las diversas........

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