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Del indulto a Pedro Castillo a la Asamblea Constituyente y la renegociación de contratos

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En Juliaca (Puno), pidió perdón por las muertes ocurridas en diciembre de 2022 tras la salida de la presidencia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. En Chota (Cajamarca), besó simbólicamente el piso y abrazó a la familia del exmandatario. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha construido su campaña a partir de gestos y mensajes, no solo con una —como la denominó— “ruta castillista”, visitando las regiones, sino también poniéndose el sombrero e intentando emular la imagen del exmandatario. Sin embargo, más allá de la puesta en escena para capitalizar el descontento, su propuesta política apunta aún más lejos.

En su plan de gobierno y en sus discursos políticos, Sánchez no solo coloca como uno de sus ejes centrales la excarcelación del condenado exmandatario, a quien ahora llama su “hermano”, pese a haber sido uno de los primeros ministros en renunciar tras el mensaje golpista y blindarse judicialmente. En su narrativa, el “régimen neoliberal” no solo bloqueó su gobierno, sino que fue quien “le dio un golpe de Estado” y hoy lo mantiene “secuestrado”.

También ahonda en las brechas sociales y plantea la necesidad de “un nuevo pacto social”; es decir, una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, bajo la narrativa de que el modelo actual “solamente ha enriquecido a una minoría”.

A ello suma un giro en el enfoque económico que define como más nacionalista y social, que incluye la renegociación de contratos y concesiones y una “gran auditoría” en el Estado. En ese marco, la minería informal ocupa un lugar central, un sector al que ya había dirigido su atención desde el Congreso antes de iniciar la campaña.

Sin embargo, Sánchez también reajusta su narrativa. En este último tramo de manera insólita ha intentado marcar distancia de su aliado Antauro Humala, cabecilla del ‘Andahuaylazo’, a quien inicialmente proyectó como presidenciable, antes de virar hacia la figura de Castillo. Cuando, incluso el mismo día de su cierre de campaña, lo perfiló como el responsable de la lucha contra el crimen en un eventual gobierno suyo.

Y si bien en el plan de gobierno se menciona una reforma del sistema de justicia, no fue sino hasta que se avizoró una eventual segunda vuelta con la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) que propuso al exfiscal que la acusó, José Domingo Pérez, y actual abogado de Castillo, como la cabeza de esa reforma e incorporó otras ideas como que los jueces sean elegidos mediante voto popular.

Sin embargo, más allá de los gestos y discursos, es necesario poner sobre la mesa el contenido y las implicancias de sus propuestas.

Excarcelación del exmandatario, condenado por el Poder Judicial a más de 11 años por el delito de conspiración para la rebelión tras su fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y a quien califica de “secuestrado”.

·       Propone una nueva Constitución “soberana, democrática y popular”, fruto de una Asamblea Constituyente.

·       Allí se plantea reconocer al Perú como un país pluricultural y multiétnico, con participación de las comunidades en la conducción del Estado.

·       Se........

© El Comercio