Hablar y condenar al narcotráfico como el grupo criminal más influyente en la economía y la política en el Perú ha sido -en general – relativizado, escamoteado e invisibilizado. Nos referimos a la infiltración en la alta política y, en este siglo XXI, en los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y municipales) financiando los dos tipos de campañas electorales. A contrapelo, hablar del narcotráfico se redujo a una mirada policial: capturas de traficantes, la erradicación de los cultivos ilicitos de coca, destrucción de pozas de pasta y laboratorios de cocaína, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, etc.

El escamoteo, relativización e invisibilidad del poder del narcotrafico en la política y economia caracterizó a los -por obvias razones- sectores políticos, medios de comunicación y -algo incomprensible- a la academia. Las ciencias sociales, los politólogos y las ONGs de investigación simplemente, lo omitieron. O lo condensaron en el término de corrupción o el crimen organizado. Utilizaron ambos terminos para evadir aludir a la especialidad del narcotráfico.

En cuanto a las autoridades gubernamentales, abordaron el tráfico ilícito de drogas o narcotráfico policialmente. Salvo casos relevantes («Mosca Loca», Carlos Langberg, Villa coca de «El Padrino», «Vaticano», y AeroContinente del «Lunarejo», el «narcoavión presidencial, etc) en los años 80 y 90, concitaron la atención de la investigación policial y periodística. Pero no ahondaron en la influencia y presencia del narcotráfico en el poder político.

Ni vieron como esa industria criminal subterránea generó y exacerbó la corrupción estructural y sistémica que viene de la colonia y prosiguió a lo largo de la República. Esa evasión u omisión exprofeso, salvo contadas excepciones, los llevó a investigar la corrupción hiperbolizada y la violación de los derechos humanos en el régimen dictatorial fujimorista. Por esa razón, no vieron a ese régimen como el primer narcoestado, un tipo de narcodictadura.

Tampoco vieron como el narcotráfico se readecuó tras la caída del narcoestado fujimontesinista el 2000. Ni mucho menos vieron el financiamiento de las campañas electorales presidenciales y municipales/regionales a lo largo de los últimos 25 años que, a diferencia del largo período anterior, en la que financiaron a candidatos en su nómina, los narcos saltaron a la política: pasaron a ser candidatos al Congreso y los gobiernos subnacionales y, además,........

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