En su cruzada por controlar el mundo y destrozar los mecanismos de la gobernanza internacional creada después de la Segunda Guerra Mundial, Donald Trump tiene la puntería puesta en Irán y al mundo en vilo. En la región se ha propuesto asfixiar a Cuba sin compasión.

A fines de enero el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a los bienes y servicios procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, argumentando que la ayuda a la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Hasta antes del secuestro de Nicolás Maduro, el petróleo consumido por Cuba provenía fundamentalmente de México y de Venezuela.

Sin los envíos regulares de Venezuela, México intentó suplir el faltante. Pero las presiones de Trump al gobierno mexicano dieron lugar a que la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tuviera que suspender un embarque programado para el mes de enero a la isla, lo que ha incrementado los cortes eléctricos, que podrían generar problemas humanitarios sin precedentes. 

Venezuela y su petróleo

El giro de la orientación política del gobierno presidido por Delcy Rodríguez, quien gobierna con una pistola apuntándole en la sien, ha dado lugar a la suspensión de los envíos de petróleo a Cuba y a abrir su sector petrolero, tal como exige el presidente Trump. La presidenta encargada promulgó  el jueves 29 de enero la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos inmediatamente después de que fuera aprobada, por unanimidad, en la Asamblea Nacional. Rodríguez dijo estar “de verdad demasiado emocionada” y que “en esta ley está la impronta del comandante Chávez (…) y la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro”. Curiosamente, la medida fue calificada como «un gran paso» por Marco Rubio.

La reforma revierte cambios sustantivos introducidos en 2006 por el entonces presidente Hugo Chávez para aumentar la participación estatal en la renta petrolera, que en su momento permitió importantes avances sociales, como proyectos masivos de construcción de viviendas y las denominadas “misiones” en salud, educación, entre otros. La ley permitirá a las compañías privadas comercializar el petróleo, que estaba reservado para el Estado, e introduce la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes». Es decir, se vuelve al redil del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una........

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