Hay causas que trascienden las fronteras y los intereses de los poderosos. Hay luchas que, aunque silenciadas por los grandes medios y ninguneadas por las cancillerías occidentales, se sostienen en la verdad histórica, en el derecho y en la dignidad de un pueblo. La causa del Sáhara Occidental es una de ellas. No es solo una causa anticolonial y antiimperialista; es también la causa de la justicia, del derecho internacional y del principio fundamental de que ningún pueblo puede ser sometido contra su voluntad.

El marco jurídico: una deuda pendiente con la historia

El Sáhara Occidental figura todavía hoy en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Fue incluido en 1963 y, desde entonces, la comunidad internacional ha sido clara: España sigue siendo de iure la potencia administradora del territorio. La Asamblea General de la ONU estableció ya en 1965, mediante la Resolución 2072, que España debía conducir el Sáhara Occidental hacia su emancipación política. Pero ese proceso quedó trunco.

Los llamados Acuerdos de Madrid de 1975, firmados en la agonía del franquismo, no transfirieron la soberanía del territorio ni modificaron su estatus jurídico internacional. El asesor jurídico de Naciones Unidas lo recordó en 2002: España no podía disponer unilateralmente de su condición de potencia administradora ni transferir la soberanía del territorio. Ese criterio ha sido reiterado incluso por la Audiencia Nacional española en 2014.

Sin embargo, el referéndum de autodeterminación prometido sigue sin celebrarse. La MINURSO fue establecida en 1991 para organizar esa consulta. Más de treinta años después, el pueblo saharaui sigue esperando. La reciente Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025, renueva un año más el mandato de la MINURSO, pero evita abrir vías sustantivas que permitan avanzar hacia el referéndum. Es la misma inacción de siempre, el mismo aplazamiento que favorece al ocupante.

La traición de 1975 y la cesión de 2022

España no solo........

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