Cali no necesita más episodios de incertidumbre institucional

Por estos días, Cali vuelve a situarse en el centro de una discusión que supera lo jurídico y se instala de lleno en el terreno de lo ético y lo institucional.

Cuando la ciudadanía escucha a la presidenta del Concejo Distrital afirmar que la mesa directiva ha sido respetuosa de las decisiones y de los organismos de control y de la justicia, lo mínimo que surge es desconcierto.

No porque el respeto institucional no deba ser la norma, sino porque los hechos recientes parecen narrar una historia distinta.

El pronunciamiento del Consejo de Estado, al admitir la acción de tutela interpuesta por uno de los ternados en la fallida elección del contralor distrital, introduce un elemento que no puede ser ignorado.

Más allá del trámite jurídico, lo que está en juego es la credibilidad de una corporación que hoy enfrenta cuestionamientos por su actuar.

El auto del magistrado Jorge Edison Portocarrero, fechado el 27 de abril de 2026, no solo admite la tutela: fija reglas claras.

El Concejo debe elegir contralor en un plazo de tres meses. Pero hay un detalle clave que no es menor: la elección debe realizarse dando continuidad al proceso definido en julio de 2025, no iniciando........

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