Hay una pregunta incómoda que como sociedad evitamos responder con honestidad, ¿por qué el abogado penalista es moralmente juzgado por ejercer su profesión?, en teoría, vivimos en un Estado de Derecho.

En la práctica, parecemos vivir en un Estado de prejuicios. La defensa es un derecho fundamental. No es una concesión, no es un privilegio, no es un favor.

El propio Estado garantiza la defensa pública porque entiende que nadie puede ser condenado sin ser escuchado, orientado y defendido. Entonces, ¿en qué punto la labor del abogado penalista se convierte en algo reprochable?

Curiosamente, no todas las defensas generan el mismo rechazo social. Defender a un servidor público investigado suele dar prestigio.

Defender a un empresario cuestionado suele verse como “normal”. Defender a un narcotraficante, en cambio, convierte al abogado en sospechoso, en........

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