Por: Ramiro Andrés Gutiérrez P.

A comienzos de esta semana, el departamento del Huila, en cabeza de sus gobernantes y principales líderes, expresó su inconformidad frente a las declaraciones del alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, quien afirmó que “en el Huila hay escuelas de sicarios”.

Una frase muy incómoda, pero que, al analizarla con frialdad, no parece estar tan alejada de la realidad.

En lo corrido del año, el Huila ha registrado más de 109 homicidios, lo que representa un incremento cercano al 47 % frente al mismo período del año anterior. Las cifras no son menores, ni pueden maquillarse con discursos. La violencia, especialmente el sicariato, se ha venido consolidando como una de las principales preocupaciones de la región.

Y aunque como bien dice el dicho “si por acá llueve, por allá no escampa”, tampoco se puede ignorar que departamentos como Caquetá enfrentan históricamente altos índices de criminalidad, asociados a la presencia de grupos al margen de la ley. Sin embargo, el problema va más allá de una comparación entre territorios.

Durante el primer trimestre de 2026, Colombia registró 3.391 homicidios, marcando el inicio del año más violento de la última década. Esto equivale a un promedio alarmante de 38 homicidios diarios. A esto se suma un aumento del 32 % en las masacres, con 94 víctimas fatales en los primeros tres meses del año.

Las cifras no son para ofenderse, son para reaccionar.

Más que rechazar declaraciones incómodas, lo que corresponde es asumirlas como un llamado urgente a la acción. La seguridad no puede seguir siendo un tema de discursos, sino de decisiones concretas y coordinadas entre regiones.

Se necesitan frentes regionales de seguridad que articulen esfuerzos entre departamentos. Es indispensable invertir en tecnología: Sistemas de videovigilancia con analítica inteligente, integrados en tiempo real con las autoridades, que permitan anticipar y reaccionar con mayor eficacia frente al delito. También es urgente fortalecer la presencia institucional en los territorios, incrementando el pie de fuerza en las zonas más críticas.

Pero el problema no se resuelve únicamente con más policía; se requiere, con la misma urgencia, generar oportunidades reales para los jóvenes, ofrecer alternativas de vida distintas a la criminalidad y recuperar el tejido social que hoy se encuentra fracturado.

A esto se suma una deuda histórica: un sistema de justicia que funcione, que actúe con oportunidad y que sea verdaderamente implacable frente al delito.

No podemos seguir convirtiendo este tipo de pronunciamientos en disputas políticas estériles. La seguridad no admite egos ni regionalismos. Reconocer el problema no es traicionar al territorio, es el primer paso para transformarlo; porque sin seguridad, no hay desarrollo.

© Diario del Huila