La propuesta de regularización extraordinaria de personas inmigrantes ha vuelto a situar en el centro del debate una cuestión compleja: cómo casar las necesidades del mercado de trabajo con la capacidad efectiva de integración de quienes llegan. El anuncio se ha presentado como una solución que, de forma casi automática, permitirá cubrir vacantes, aflorar empleo irregular y mejorar la cohesión social. Sin embargo, como ocurre tantas veces, detrás de una medida aparentemente sencilla se esconde una realidad mucho más compleja. Para empezar, hay que tener en cuenta que, según las informaciones ofrecidas por el Ministerio de Migraciones, va a ser un único organismo el encargado de tramitar la totalidad de las solicitudes (la UTEX), las cuales se estiman que rondarán las 800.000. Por lo que no es posible prever que el proceso vaya a ser rápido. 

Es indudable que tanto España como Navarra afrontan tensiones en determinados segmentos del mercado laboral. Sectores como la construcción, la industria, el transporte o algunos servicios personales vienen señalando desde hace tiempo dificultades para encontrar mano de obra. En un contexto de envejecimiento demográfico y descenso de la población en edad de trabajar, la inmigración aparece, como ya he defendido con anterioridad en estas mismas páginas, como un factor que puede contribuir a sostener la actividad económica. Además, conviene recordar una idea que con frecuencia se pasa por alto: muchas de las personas que llegan lo hacen en edad de trabajar y ya formadas, sin que el país de destino haya asumido los costes de su educación o crianza. Desde el punto de vista económico, esto supone una ventaja evidente, hasta el punto de que algunos análisis señalan que su contribución al crecimiento ha sido proporcionalmente superior a su peso demográfico. También es cierto que la regularización puede tener efectos positivos en términos de economía sumergida. Sacar a la luz relaciones laborales hoy informales implica mayor recaudación, mayor protección para los trabajadores y un marco de competencia más ordenado para las empresas. 

Además, buena parte de las personas que se pretenden regularizar ya están en España, ya trabajan -en muchos casos en la economía informal- y ya utilizan servicios públicos. Regularizarlas puede mejorar su aportación económica y su situación laboral. Ahora bien, convertir esta constatación en una solución general para los problemas del empleo sería un error de diagnóstico. No todos los puestos vacantes pueden cubrirse automáticamente con población inmigrante. Muchos requieren cualificaciones específicas, experiencia previa o competencias lingüísticas que no se adquieren de forma inmediata. Pensar que basta con regularizar para resolver los desajustes del mercado laboral es simplificar en exceso un problema estructural. Eso sin contar que las políticas basadas en el “café para todos” rara vez funcionan. La propia dinámica del mercado laboral explica, en parte, el fenómeno. Existe una demanda real de mano de obra en determinados sectores que no se cubre con trabajadores nacionales. De hecho, en España hay decenas de miles de vacantes sin cubrir porque se trata de empleos que muchos no están dispuestos a aceptar. En este contexto, la inmigración, incluida la irregular, responde en gran medida a esas necesidades del mercado. No es tanto una cuestión de planificación política como de ajuste entre oferta y demanda. 

Sin embargo, de ahí a concluir que la inmigración resolverá automáticamente los problemas del empleo hay un salto que no se sostiene. Por ejemplo, desde hace años el Gobierno de Navarra impulsa programas de formación y capacitación dirigidos a población inmigrante con el objetivo de facilitar su inserción laboral. Quienes los conocen saben bien el esfuerzo que exigen: aprendizaje del idioma, adquisición de hábitos laborales, adaptación a un entorno productivo exigente y desarrollo de competencias básicas. Aun así, para quienes logran completarlos, que no son todos, las tasas de inserción siguen siendo limitadas. A ello se añade un elemento que rara vez se aborda con suficiente claridad: la cuestión de los incentivos. Para que cualquier proceso de formación funcione, es imprescindible que exista una motivación real. Si el diferencial entre trabajar y no trabajar se reduce de forma significativa, ese estímulo se debilita. El esfuerzo que exige formarse y adaptarse es elevado, pero si en la práctica los ingresos derivados del empleo no se distancian de prestaciones como la renta garantizada o el ingreso mínimo vital, el incentivo para dar ese paso disminuye de forma evidente. Esto no implica cuestionar la existencia de mecanismos de protección social, que cumplen una función necesaria. Pero sí obliga a reflexionar sobre su diseño. Si no se calibran adecuadamente, pueden dificultar precisamente aquello que se pretende lograr: la integración a través del empleo. 

En este contexto, resultan especialmente llamativas las afirmaciones del Gobierno de Navarra de que la regularización masiva -cifrada en torno a 10.000 personas en la Comunidad foral- supondrá una oportunidad para toda la sociedad. Es una afirmación bienintencionada, pero excesivamente simplista. La evidencia muestra que los efectos de la inmigración no son homogéneos ni automáticos. Dependen del perfil de quienes llegan, de su capacidad de integración y de la estructura económica que los recibe. El verdadero debate, por tanto, no debería centrarse en si la inmigración es buena o mala, sino en cómo gestionarla de forma eficaz. Y ahí es donde la regularización masiva, por sí sola, se queda claramente corta. Sin políticas de integración ambiciosas, sin una adecuación real entre oferta y demanda de empleo y sin un diseño coherente de incentivos, la medida corre el riesgo de quedarse en un gesto más político que económico. 

Pablo Ruiz Muneta. Socio de IQL Abogados Extranjería y miembro del think tank Institución Futuro.

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