El gobierno de María Chivite, a través de su departamento de vivienda, en la práctica ha expulsado al sector privado de la posibilidad de contribuir a construir y gestionar vivienda de alquiler protegido. Esto es así porque el pasado mes de junio, mediante una ley exprés, cambió las reglas del juego a mitad de partida al alterar con efecto retroactivo las condiciones existentes con las que trabajaban desde hace décadas las empresas navarras que se dedicaban al alquiler de vivienda social. La excusa (falsa) es proteger a los inquilinos de la acción de los fondos de inversión, lo cual no se consigue en la práctica debido a que gran parte de esos fondos dueños de viviendas ya podían proceder a su venta antes de la aprobación de la ley. Así que, con la falsa justificación de perseguir a los “fondos buitre”, de un........

© Diario de Navarra