Gabriel Zucman es un joven economista y académico francés (1986), profesor en Berkeley (EE.UU.), y autor de publicaciones de gran impacto emotivo, como El triunfo de la injusticia: cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacer que paguen. Es un referente de la extrema izquierda que nunca ha dejado de idear cómo repartir el dinero de los ricos, como si fuera la piedra filosofal de sus pretensiones económicas. Si fuese tan sencillo como parece desear el autor, cualquier gobierno lo tendría como asesor indispensable; solo que la realidad se configura con luces y sombras sin que falten los meandros en su recorrido. La visión académica de las ciencias sociales en general y, de la económica en particular, difícilmente pueden contemplar todas las particularidades de la creatividad del ser humano a la hora de pagar menos impuestos, naturalmente cumpliendo la ley. No digamos si, además, se trata simplemente de evadirlos sorteándola, algo poco recomendable. La izquierda francesa y también un sector de la izquierda radical de nuestro país están enredados en gravar a los “muy ricos” con un impuesto especial (en Francia lleva el nombre de “tasa Zucman”) y fue precisamente el autor que nos ocupa quien redactó, por encargo de la presidencia brasileña en la cumbre del G-20 en Río de Janeiro, un informe que proponía que los más ricos del mundo paguen el 2% de su patrimonio. 

La idea fue desechada y la propia Asamblea Nacional francesa la ha rechazado varias veces (un impuesto del 2% de quienes poseen más de 100 millones de euros). Esta pretensión no es nueva y tiene su correspondencia en el llamado Impuesto sobre el Patrimonio, que solo persiste en cuatro países de la OCDE: Colombia, Noruega, Suiza y España. (Nos las arreglamos para estar en todas las listas). Sin embargo, las experiencias que existen no son tan satisfactorias como se pretendía al imponerlas. El impuesto de Solidaridad de las Fortunas, que estuvo vigente en Francia hasta 2018, fue la causa de que un buen número de contribuyentes (11.200, alrededor del 3% del total) emigraran del país. Es cierto que las desigualdades sociales -sobre todo entre los más ricos y los que menos tienen- han aumentado en los últimos años y están siendo objeto de una severa crítica por quienes consideran que no solo es una injusticia, sino que parte de esa riqueza debería destinarse a mejoras sociales. Es posible que no les falte razón, pero no es con medidas coactivas y enfocadas unilateralmente como se logran determinados objetivos. Los defensores de un impuesto especial a los ricos alegan que de este modo se restablecería la equidad fiscal, porque las grandes fortunas aportan en proporción menos que los demás. Se añade que, además, serviría para aliviar el déficit público, provocado por los mismos que propugnan estas medidas. 

Los que no se muestran partidarios de esta medida objetan que constituye una doble imposición, porque recae sobre bienes o rentas por las que ya se tributó en su momento y, por tanto, es discriminatoria. En este contexto, hay que plantearse la pregunta clave de donde derivan las críticas a los ricos: ¿pagan los ricos menos impuestos que los demás? Si esto fuera así -aunque es una aseveración discutible- está en manos de los gobiernos legislar de manera que el pago de los impuestos sea justo y equitativo para todos, evitando que las lagunas de los reglamentos tributarios favorezcan a unos pocos. Tengo la profunda convicción de que muchos “ricos” estarían dispuestos a pagar mayores impuestos si fuesen gobernados por políticos que rinden cuentas con transparencia de los inmensos ingresos que gestionan, sin un solo euro que forme parte de los llamados “fondos reservados”. Esto es, cuando se conozca con claridad el coste de la infinidad de asesores que pululan alrededor de cada ministerio; y cuando la gestión de los gastos sociales sea objeto de una auditoría anual independiente que se hace pública. 

La corrupción y sobre todo la malversación del dinero público es el principal factor que induce a muchos ciudadanos a no cumplir, si pueden, con sus obligaciones tributarias. Y esto hay que evitarlo con una gestión ejemplar del dinero de todos. Con frecuencia, aunque no siempre, las grandes fortunas corresponden a empresarios exitosos -no sin riesgo y siempre con esfuerzo y duro trabajo- que han logrado expandir el negocio en un mercado amplio. Pero pocas veces se matiza que son los mismos que crean innumerables puestos de trabajo y sacan adelante a millones de familias, además de contribuir con sus impuestos al estado de bienestar de la sociedad. Hasta ahora, la experiencia demuestra que este tipo de impuestos no funciona y acarrea efectos perversos: disminuyen el ahorro y la inversión, expulsan a los emprendedores y no favorecen la creación de riqueza general. 

Francisco Errasti. Economista

© Diario de Navarra