Aunque las motivaciones pueden ser diferentes (económicas, políticas, religiosas, sociales etc.) toda emigración, –tenga solo un carácter o naturaleza o se fundamente en una diversidad de razones (como habitualmente ocurre)–, se sustenta sobre un único concepto: la necesidad. Necesidad de escapar de una muerte próxima por mor de la guerra, de la persecución política en regímenes dictatoriales, de la intolerancia religiosa, de la discriminación por orientación sexual o del hambre. Una necesidad en infinidad de casos imperiosa que retrata a la persona que emigra como exiliada y/o refugiada.

Por ello, la cuestión de la acogida o recepción de personas migrantes no debe nunca acompañarse de discursos frívolos o exabruptos, como los que acaba de protagonizar la Delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia. El que desde un puesto de responsabilidad como el que ostenta, se sitúen en un mismo plano las posiciones políticas del lehendakari Pradales y las del ultraderechista Santiago Abascal, es un despropósito intolerable para un representante institucional.

Dicho esto, a nadie se le escapa que toda sociedad desarrollada, y Euskadi es una de ellas, debe afrontar el fenómeno de la inmigración, cuando menos desde dos vertientes: la vertiente económica y la ética o de derechos humanos.

Respecto a la vertiente económica, la frase del lehendakari de que “hay que decidir que tipo de emigración queremos”, no sólo no es atentatoria contra nadie, sino que está avalada por prestigiosos sociólogos de la Universidad del País Vasco como Xabier Aierdi y por multitud de casos concretos a lo largo de la historia.

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