La llamada cuestión agraria fue uno de los grandes temas de preocupación durante la II República (1931-1936) hasta el punto de que desde determinados ámbitos se la ha considerado como causa desencadenante de la guerra civil. La necesidad de una profunda reforma en el mundo rural era acuciante, con especial relevancia en Navarra, donde amplios sectores campesinos vivían en situación de miseria y había braceros que trabajaban de sol a sol, sin cobrar horas extra.

1935: reforma agraria y desahucios

En el mitin pro estatutario celebrado en Tafalla el 9 de agosto de 1931, el dirigente del PNV Manuel Irujo denunció la situación de apartamiento de algunos agricultores “que no se atreven a sembrar sus tierras por temor a medidas que los dejen sin el producto de su trabajo”. Asimismo, Irujo quiso dejar claro que la posición del PNV pasaba por apoyar los diferentes decretos progresistas que en materia de legislación social agraria puso en marcha el ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero.

En 1932, durante el bienio republicano-socialista, se aprobó una Ley de Reforma Agraria que proyectaba acabar con los latifundios y las grandes propiedades a través de métodos expropiatorios y la entrega de tierras a braceros y jornaleros. Sin embargo, su desarrolló fue muy lento generando altos niveles de frustración social (según Manuel Azaña, “sólo unas 10.000 familias recibieron tierras”).

El 12 de junio de 1934 los diputados del PNV abandonaron las Cortes en solidaridad (“La causa de la libertad catalana era la causa de la libertad vasca”, manifestó José Antonio Agirre) con la posición de los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC) que protestaron por la decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales de suprimir la Ley de Contratos de Cultivos (que, en realidad, era una reforma agraria) aprobada en el Parlament. Era esta una normativa muy avanzada en lo social que permitía a los arrendatarios adquirir la propiedad de las tierras que hubieran estado cultivando al menos durante quince años. Y era, como señaló Gabriel Jackson, el equivalente catalán de la proyectada ley de arrendamientos,........

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