“Poder andar libre, sin ningún temor”. Eso es lo que espera conseguir Lucía, nicaragüense de 52 años, si regulariza su situación en España. “Conocer la cultura, los museos, las iglesias… Viajar sin asumir el riesgo de que me paren y me pidan los documentos. Tener una cuenta bancaria y poder pagar con tarjeta”, continúa. “La vida se te arregla más fácil, puedes estar más tranquila”, resume.

Lucía lleva dos años residiendo en España de forma ininterrumpida, aunque llegó al país por primera vez hace nueve. No ha podido regularizar su situación en todo este tiempo por una serie de circunstancias, como las irregularidades de sus empleadores, además de cuestiones familiares por las que tuvo que regresar a Nicaragua. Aquí siempre ha sido trabajadora de hogar y cuidados. Antes, en su país, se dedicaba a la gestión cultural en una institución pública. Es una de las miles de personas que se acogen al proceso de regularización extraordinaria que comenzó el pasado 16 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Ya tiene listos todos los documentos necesarios, los enumera: el billete de avión, el pasaporte sellado, envíos de dinero a su familia, el certificado de vulnerabilidad, también el certificado de antecedentes penales en su país… “Es una buena oportunidad la que me ha tocado, espero y confío en Dios para lograrlo”, afirma.

“Es una oportunidad impresionante para mucha gente”, dice Jesús Sanagustín, voluntario de Bienvenidos Refugiados en Huesca, pese a que es crítico con algunos aspectos, como que el proceso excluya a las personas apátridas, lo que afecta principalmente a los saharauis, o que el periodo para presentación de solicitudes dure solo dos meses y medio. “Intentaremos que se prorrogue”, asegura.

El proceso actual es resultado de una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la plataforma Regularización Ya! que presentó más de 700.000 firmas de apoyo en 2022 para llevar la propuesta al Congreso. A principios de este año el Gobierno la aprobó como Real Decreto con el apoyo de Podemos. Los promotores de esta ILP estiman que unas 500.000 personas podrían regularizar su situación en España pero la cifra real todavía es una incógnita.

Los procesos de regularización extraordinaria han sido relativamente frecuentes en la España democrática. El primero tuvo lugar en 1986 con Felipe González. El Gobierno de José María Aznar realizó dos de ellos en los años 2000 y 2001, a los que se acogieron 264.153 y 239.174 personas respectivamente. En 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero, regularizaron su situación otras 576.506 personas.

Las personas solicitantes deben presentar pruebas de que llevan residiendo en España al menos cinco meses antes de la solicitud y certificar que no tienen........

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