En febrero de 2003, Bolivia vivió una de las crisis más graves de su democracia reciente. El llamado Febrero Negro no fue un hecho aislado ni irracional, sino la manifestación de un modelo político agotado y de un esquema económico crecientemente cuestionado. La ciudadanía ya no encontraba en el Parlamento un espacio legítimo para canalizar sus demandas. Este episodio marcó el inicio de una ruptura histórica que culminó meses después con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y el surgimiento de una nueva etapa política.

El 12 y 13 de febrero de 2003, en su segundo mandato, el Gobierno anunció un impuesto a los salarios, el “impuestazo”, para reducir un déficit fiscal crítico. La medida, aplicada bajo presión internacional y en una economía debilitada, fue vista como regresiva e injusta, sin aumentos salariales ni compensaciones. La reacción fue inmediata: la Policía se amotinó, el Ejército salió a las calles y ambos se enfrentaron a tiros en la Plaza Murillo. El saldo superó las 30 muertes y dejó cientos de heridos, evidenciando una profunda fractura estatal.

Reducir el Febrero Negro a un impuesto sería un error analítico. La violencia expresó el desgaste acumulado desde los años 80, cuando Bolivia adoptó un modelo neoliberal centrado en estabilidad macroeconómica, privatizaciones y reducción estatal. Si bien las reformas frenaron la hiperinflación y ordenaron las finanzas públicas, no solucionaron la desigualdad estructural ni la exclusión histórica de sectores populares e indígenas. La democracia........

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