Las elecciones subnacionales ingresan a su recta final con las segundas vueltas en cinco departamentos que no lograron elegir gobernadores en la primera. Por lo vivido en los últimos cinco años, el régimen electoral que entró en vigencia en 2010 necesita un cambio, así sea parcial. Lo han reconocido en su momento la máxima autoridad del país, el presidente Rodrigo Paz, y la que comanda los procesos en días de comicios, el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

La Ley del Régimen Electoral No. 026, promulgada el 30 de junio de 2010, contiene normas generales y es poco lo que tendría que cambiarse de estas. Por tanto, hay que poner atención a la normativa accesoria, traducida en resoluciones de Sala Plena del TSE y las sentencias constitucionales emitidas para dilucidar aspectos poco claros.

Entre las modificaciones emergentes de esa normativa accesoria tenemos, por una parte, la sentencia constitucional que permite que autoridades electas que vuelven a postular a su cargo ya no están obligadas a renunciar a este con una anticipación de tres meses, como era norma en el pasado.

Esta última determinación provocó malestar debido a que la ciudadanía siente que quienes se están repostulando aprovechan el acceso directo al aparato estatal para hacer campaña con recursos de los contribuyentes.

El otro cambio es la facultad que ahora tiene el TSE de inhabilitar candidaturas faltando apenas unas horas para unos comicios. Esto ocasiona perjuicios de diversa índole, pero el más importante es la confusión que se causa en el electorado cuando las papeletas ya están impresas y distribuidas, incluyendo a los inhabilitados. Evidentemente, esto atenta contra el principio de preclusión de los procesos electorales; es decir, la condición que tienen algunos pasos procesales de cerrarse y no abrirse más.

El mismo principio se ha ido conculcando en los días previos a los últimos procesos organizados por el TSE a partir de acciones judiciales que han buscado alterar el calendario electoral. Al respecto, las máximas autoridades judiciales se habían comprometido a acompañar toda elección, evitando poner trabas que impidan el normal desarrollo de las votaciones en democracia. Hay jueces del país que no se han avenido a dicho compromiso de la justicia con la clase política y, todavía más, con la ciudadanía en general.

Por lo demás, es llamativo que en 2010 se haya promulgado una Ley del Régimen Electoral, que se proclamó de avanzada, y ahora veamos estos contrasentidos que, como se ha dicho, son atribuidos a normas subsidiarias. Al parecer, la economía jurídica fue modificada según las conveniencias y necesidades que tenía el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuando este partido se encontraba en el poder.

Todo lo visto y vivido durante las últimas dos décadas muestra que hubo un proceso regresivo, tanto en lo jurídico como en la necesaria transparencia del manejo de la información pública, especialmente registros públicos como el padrón electoral y la base de datos del Serecí.

Seguramente estas son algunas de las razones por las que el Presidente del TSE expresó su deseo de que esta sea la última elección que se lleve a cabo con esa normativa. Una vez cerrado el calendario de las subnacionales, comenzará el trabajo hacia una modificación de las normas que estuvieron causando problemas.

Pero los cambios no vendrán solo por el lado de la normativa electoral. Todas las partes involucradas, empezando por el Gobierno, siguiendo con las autoridades electorales y terminando con la ciudadanía en general, tienen que ponerse manos a la obra para atender las necesidades en esta materia y resolverlas antes de que nos toque volver a las urnas.

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