El reciente anuncio del Gobierno sobre su decisión de cerrar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para renovar por completo el personal y, con eso, erradicar la corrupción que ahí reside, es interesante. Lo es si eso implica, además, un rediseño institucional profundo y compatible con la Constitución (CPE) y la doctrina del derecho regulatorio.

Bolivia es un Estado social de derecho, al igual que todos los países parte del sistema internacional de derechos humanos. En un país así, la principal misión de las autoridades de control regulatorio debe ser la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios. En este caso, la de la ANH debiera concentrarse en asegurar que ningún surtidor del país pueda siquiera atreverse a vender un combustible que no esté limpio o apto para el funcionamiento de vehículos y motores. Que no esté cumpliendo con eso implica responsabilidad, ya que esta no es únicamente por acción, sino también por omisión.

Por otro lado, la CPE manda que exista una institución autárquica con autonomía administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, para “regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva” de los hidrocarburos “conforme con la ley” (art. 365).

Esto debe entenderse como la función de........

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