La autora de esta columna fue integrante de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público nombrada por el Presidente Boric, y aporta detalles de las conclusiones sacadas en ese contexto y aclara el concepto «descontinuar» tal como lo usaron los comisionados. Dice que «el Oficio Circular N° 16 del Ministerio de Hacienda, fechado el 21 de abril de 2026, puso sobre la mesa una conversación necesaria pero la abrió de la manera equivocada. Descontinuar programas es una decisión legítima y urgente, sin embargo, su justificación no puede ser solo fiscal ni su análisis puede ser parcial. Debe partir de una comprensión integral de qué problemas se busca resolver, a qué población se atiende y qué ocurre con ella si una intervención desaparece».

Imagen de portada: Hans Scott / Agencia Uno

La evidencia acumulada sobre nuestra oferta programática apunta en una sola dirección: se requieren cambios profundos, no ajustes menores. Los problemas se concentran en fragmentación, duplicidad de objetivos y existencia de debilidades en el diseño o en la implementación de los programas, sumado a la ausencia de criterios claros para evaluar cuándo un programa debe terminar. Este diagnóstico lleva años instalado en los espacios técnicos, pero ha tardado en traducirse en decisiones políticas. Ya en 2016, el Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema identificaba la fragmentación de los programas como uno de los principales obstáculos para hacer frente a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Desde entonces, los diagnósticos se han acumulado.

El Estado chileno destinó el 2025 el 44% de su presupuesto a 706 programas públicos, concentrándose el 80% de ese gasto en solo........

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