La autora de esta columna examina el caso de Ercilia Sanhueza —profesora jubilada con cáncer de mama metastásico— para abordar el estancamiento de la Ley Ricarte Soto y la encrucijada del Estado entre administrar recursos escasos o garantizar el derecho a la vida. Sostiene que «cuando el proceso institucional carece de las garantías mínimas de imparcialidad y transparencia, la intervención de los tribunales se vuelve una excepción legítima a la regla general de no injerencia judicial en decisiones de políticas públicas en salud, afirmando que la vida y la salud de Ercilia Sanhueza no depende de su capacidad financiera».

Imagen de portada: Cristián Vivero / Agencia Uno

El 21 de julio de 2026, Ercilia Sanhueza, profesora recientemente jubilada de la Región del Biobío, diagnosticada en 2023 con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema. La Tercera Sala del máximo tribunal ordenó al Estado financiar el Trastuzumab Deruxtecán, medicamento que supera los $7 millones de pesos por ciclo y que debe administrarse cada 21 días.

Ercilia agotó las alternativas del sistema público, que le ofrecía solo cuidados paliativos, dado que el medicamento recetado no está dentro de las prestaciones públicas garantizadas por el sistema de salud. La familia costeó el tratamiento con ahorros y la campaña solidaria “Ercilia quiere vivir”. Un pronunciamiento del Comité Oncológico del Hospital Regional de Concepción, que reconocía la efectividad del fármaco, pero la falta de recursos para financiarlo, habilitó la vía del recurso de protección contra el hospital, el Servicio de Salud Concepción, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción. Apelada la decisión ante la Corte Suprema, esta priorizó la protección de la vida y la salud de la paciente. En una entrevista en el Canal 9 Bío-Bío Televisión, Ercilia destacó que “la salud no debería depender del dinero” y exhortó a otras mujeres en situaciones similares a buscar asesoría y seguir luchando por el derecho a la vida. Lo cierto es que el fallo solo aplica al caso particular, sin efecto general para otras pacientes.

Esta decisión de la Corte Suprema se suma a una extensa lista de fallos a favor de la provisión de medicamentos de alto costo, y reactiva la discusión nacional sobre la judicialización de la salud. En efecto, cada vez que el máximo tribunal acoge un recurso de protección con........

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