La integración laboral de las personas con discapacidad tiene firmes bases jurídicas europeas, constitucionales y legales, siendo un objetivo social que suscita amplios consensos políticos. Entre las herramientas de esta integración laboral destacan, desde hace décadas, los centros especiales de empleo, que ocupan, al menos, un 70% de su plantilla con personas con discapacidad y reciben apoyo público...

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. Son empresas que desarrollan una actividad productiva y económica con esta singularidad, ofreciendo oportunidades laborales al colectivo de personas con discapacidad, a la vez que servicios de acompañamiento social, educativo y de rehabilitación constante, lo que exige contratar a personal cualificado del amplio sector de los cuidados.

La tipología de los centros especiales de empleo es variada. Hay dos factores que definen el sector social de la discapacidad, al que los poderes públicos deben prestar especial atención y ayuda financiera. Por un lado, la iniciativa social de estos centros especiales de empleo, definida en la vigente Ley general de discapacidad por la promoción o participación mayoritaria en su capital de entidades sin ánimo de lucro obligadas a reinvertir sus beneficios en la integración laboral del colectivo. Por otro lado, la contratación de personas con discapacidad con especiales dificultades, determinadas legalmente en la normativa vigente de incentivos económicos a los contratos de trabajo, como la discapacidad intelectual que supera el 33%........

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