La presunción de inocencia atraviesa hoy una de sus mayores tensiones: la justicia investiga, pero los medios sentencian antes, y los jueces lo toleran. Las filtraciones sobre la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a mostrar cómo la instrucción mediática puede desbordar al proceso judicial, erosionando garantías esenciales y alimentando relatos de culpabilidad sin base contrastada. Cuando la opinión pública se forma antes que el juez, la grieta constitucional se agranda.

La presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución, no es solo un principio técnico del proceso penal. Es una garantía estructural del Estado democrático: protege al ciudadano frente al poder punitivo y preserva la legitimidad del sistema judicial. Sin embargo, en España se ha convertido en un derecho cada vez más frágil cuando la investigación penal se desarrolla en paralelo en los medios de comunicación, alimentada por filtraciones policiales o judiciales que nunca deberían producirse.

El caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a situar este problema en el centro del debate público. La UDEF ha difundido, o ha permitido que se difunda, hace apenas dos días, información detallada de la investigación: movimientos bancarios, relaciones societarias, pagos y rastreos patrimoniales. Todo ello mientras la causa sigue abierta ante el juez Calama y, según se denuncia, sin que el abogado del investigado haya tenido acceso previo a esos datos. Esta secuencia no es solo irregular; es constitucionalmente preocupante.

Lo cierto es........

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