El caso de Maricarmen ha puesto rostro y nombre a una realidad que sufren miles de personas: perder la vivienda no significa simplemente cambiar de domicilio. Significa, muchas veces, perder el lugar donde se ha construido una vida, romper vínculos familiares y sociales y quedar al borde de la exclusión.

Por eso, el debate sobre el llamado Decreto Maricarmen no debería limitarse a discutir una nueva prórroga de las medidas contra los desahucios. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: qué entendemos por derecho a la vivienda y qué obligaciones deben asumir los poderes públicos para garantizarlo.

El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Sin embargo, en la práctica, la vivienda continúa tratándose fundamentalmente como una mercancía: se compra, se vende, se alquila y se utiliza como fuente de rentabilidad.

Y aquí está la cuestión fundamental: si la vivienda es un derecho, no puede estar sometida exclusivamente a la lógica del mercado. La vivienda no es un bien de consumo más. Para quien la necesita como hogar, es una........

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