La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, constituye un acontecimiento revelador de las dinámicas de clase que rigen el Estado contemporáneo. Vendido por la propaganda institucional como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda y la respuesta urgente a la emergencia habitacional tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal, un análisis riguroso de su texto definitivo —frente a las expectativas y críticas formuladas sobre sus borradores previos— desenmascara una realidad incuestionable: la norma vuelve a priorizar la lógica propietarista y las exigencias del mercado capitalista por encima de las necesidades materiales de la clase trabajadora. Pese a la introducción de parches administrativos sobre los alquileres de temporada, el régimen de habitaciones o la suspensión condicionada de lanzamientos, el decreto profundiza la financiarización del sector inmobiliario mediante mecanismos como la «Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa» —un nuevo instrumento de ahorro con ventajas fiscales que busca movilizar el ahorro minorista inmovilizado de los hogares (en depósitos bancarios o efectivo) y canalizarlo hacia la economía real y los mercados de capitales del Espacio Económico Europeo (EEE), reduciendo la presión de la inversión especulativa sobre el mercado inmobiliario residencial — y un abanico de incentivos fiscales diseñados a la medida de rentistas y Socimis.

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, conocidas por el acrónimo SOCIMI, son vehículos de inversión colectiva que, bajo un régimen fiscal privilegiado —exención del Impuesto sobre Sociedades a cambio de repartir la mayor parte de sus beneficios vía dividendos—, se han erigido en agentes centrales de la financiarización de la vivienda. Su lógica no es la producción de hogares, sino la captura de rentas: adquieren edificios residenciales completos, los transforman en activos financieros y presionan al alza los precios del alquiler, expulsando a la población de los centros urbanos. En la última década, las SOCIMI han colonizado el mercado residencial español, comprando carteras de viviendas a fondos buitre y convirtiendo barrios enteros en activos de rendimiento. El Real Decreto-ley, lejos de frenar esta colonización, la incentiva: introduce un gravamen del 25% sobre los beneficios no distribuidos........

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