Han pasado casi ocho años desde la entrada en vigor de la conocida como “ley mordaza”, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ocho años en los que se ha acumulado suficiente experiencia, suficientes datos y, sobre todo, suficientes vivencias en la calle como para poder hacer un balance honesto. Y ese balance, para una parte importante de la ciudadanía, es demoledor.

La promesa era clara, garantizar la seguridad ciudadana. La realidad percibida por muchos colectivos sociales ha sido otra bien distinta, una herramienta utilizada para limitar derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protesta y la libertad de expresión. No se trata solo de una cuestión jurídica, sino de una experiencia cotidiana que han vivido activistas, periodistas, sindicalistas y personas que, simplemente, han decidido alzar la voz.

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el uso recurrente de sanciones administrativas por conceptos amplios como la “desobediencia a la autoridad”. Este tipo de infracciones, difíciles de........

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