El nuevo decreto de alquileres aprobado el 22 de marzo de 2026 se presenta como una medida de protección. Permite prorrogar los contratos hasta el 31 de diciembre de 2027 y limita la subida del alquiler al 2%. Sobre el papel, suena bien. Pero basta mirar cómo funciona para entender otra cosa muy distinta.

El decreto no congela automáticamente los alquileres, ni baja el precio abusivo de los existentes. Tampoco garantiza de forma directa la continuidad en la vivienda. Obliga a cada inquilina a solicitar la prórroga, incluso mediante burofax o carta certificada, para poder acogerse a ese supuesto derecho. Y ahí está el problema.

Convierte un derecho colectivo en un trámite individual. Y eso, en la práctica, deja fuera a miles de personas.

Porque no todo el mundo sabe que........

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