Diany Santa Cruz Hernández

Diany Santa Cruz Hernández

Autor(es): Diany Santa Cruz Hernández

Desde la orden ejecutiva de enero, durante 2026 Washington ha ampliado la presión económica sobre Cuba. Energía, empresas, finanzas y sector privado quedan atrapados en una estrategia que La Habana denuncia como un intento de forzar cambios políticos mediante la coerción

La imagen de un buque escoltado por guardacostas estadounidenses en aguas del Caribe resume, por sí sola, la dimensión alcanzada por la política de máxima presión de Washington contra Cuba. El 2 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que había interceptado a comienzos de septiembre el buque Grace, al que acusó de transportar combustible con destino a nuestro país y de emplear tácticas asociadas a la llamada “flota en la sombra”. La embarcación fue posteriormente conducida hacia México.

El episodio no aparece aislado. Es el más reciente capítulo de una política que durante 2026 ha ido extendiendo el alcance de las sanciones estadounidenses contra Cuba y que convirtió el acceso al combustible en uno de sus principales instrumentos de presión.

La escalada comenzó el 29 de enero, cuando el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380. El documento declaró que las políticas y acciones del gobierno cubano constituían una amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La orden estableció un mecanismo mediante el cual Washington podría imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministraran directa o indirectamente petróleo a Cuba. La propia disposición facultó al Departamento de Estado, en coordinación con otras agencias, para intervenir en la determinación de esas medidas.

Con ello, la presión dejó de dirigirse exclusivamente contra Cuba. El mecanismo introdujo también un elemento de coerción sobre terceros países y convirtió el suministro energético en un asunto susceptible de generar consecuencias comerciales para quienes participaran en él.

Desde el 30 de enero transcurre así una nueva etapa del prolongado conflicto económico entre Washington y La Habana: el cerco energético contra Cuba.

En un país donde la generación eléctrica, el transporte, la distribución de mercancías y buena parte de las actividades productivas dependen de la disponibilidad de combustibles, las restricciones sobre este recurso tienen efectos que desbordan el ámbito de las transacciones internacionales. La presión energética, por tanto, no se limita a una disputa entre gobiernos. Sus consecuencias alcanzan la vida cotidiana.

La presión económica contra Cuba

A medida que avanzó el año, la política estadounidense tampoco quedó circunscrita al petróleo.

A partir........

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