Si el crimen organizado se adapta, el Estado también debe hacerlo. Si la tecnología evade la ley, la ley debe alcanzarla.

Hablar de seguridad en Chile dejó de ser abstracto: hoy es una preocupación cotidiana presente en familias, barrios y medios, reflejo de un país donde el crimen organizado ha cambiado en forma, velocidad y capacidad de daño. Pero hay un problema poco explicitado: mientras la delincuencia evoluciona, la ley no lo hace al mismo ritmo.

Enfrentamos un fenómeno nuevo y peligroso. Ya no se trata solo de armas de contrabando o mercados ilegales tradicionales, sino de armas fabricadas en casas, talleres clandestinos o a partir de archivos descargados de internet.

Hoy es posible producir piezas mediante impresión 3D, ensamblarlas sin registro y ponerlas en circulación sin control. Son las “armas fantasma”: sin número de serie ni trazabilidad, inexistentes para el Estado hasta que se usan en delitos.

A esto se suma la modificación de armas de fogueo para volverlas letales, dispositivos que terminan en manos de organizaciones criminales. Además, el tráfico internacional sigue ingresando armamento de alto poder, muchas veces vinculado al narcotráfico. Frente a esto surge una pregunta clave: ¿tenemos legislación preparada? La respuesta es no.

Nuestra normativa fue diseñada en otro contexto: sin impresión 3D, sin compra fácil de piezas por internet, y enfocada en armas legales en manos civiles, no en la fabricación clandestina descentralizada. Hoy esa realidad cambió, y cuando la ley no se actualiza, surgen vacíos que son aprovechados por redes delictuales.

Por eso hemos presentado un proyecto de ley que no solo endurece sanciones, sino que aborda todo el ciclo del armamento ilegal: tipifica el tráfico internacional con penas mayores en casos de alto poder o participación de organizaciones criminales; incorpora como delito la fabricación clandestina, incluyendo armas hechas con impresión 3D o ensambladas sin control; regula piezas esenciales para evitar su circulación fuera del sistema legal; define por primera vez el concepto de arma clandestina; y fortalece el sistema penal con agravantes para delitos cometidos con armas sin trazabilidad, modificadas o de alto poder.

Si el crimen organizado se adapta, el Estado también debe hacerlo. Si la tecnología evade la ley, la ley debe alcanzarla.

Porque la seguridad no se construye solo con más policías o recursos, sino con leyes a la altura de los desafíos. Y hoy el desafío es claro: no podemos enfrentar el crimen del siglo XXI con herramientas del siglo pasado.

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