Diversas voces de la oposición han criticado al presidente José Antonio Kast por impulsar una reforma constitucional que, según ellas, incorporaría una obligación ya contemplada en la Carta Fundamental. Al parecer, confunden lo establecido actualmente en su artículo 1° con el verdadero alcance de la reforma: consagrar expresamente la seguridad pública como deber del Estado.

Ello representaría un avance en favor de nuestras policías y establecería un marco constitucional al cual deberían sujetarse los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, bajo riesgo de incurrir en prevaricación si desconocieran abiertamente ese mandato.

Debo reconocer que la Constitución vigente establece como deber del Estado resguardar la seguridad nacional y proteger a la población y a la familia. Sin embargo, se trata de una formulación amplia y difusa, dentro de la cual también pueden entenderse comprendidas la salud, la educación, el transporte y muchas otras materias. Esa amplitud facilita interpretaciones judiciales excesivamente flexibles.

El hecho de que la conservación del orden público y de la seguridad exterior se encuentre entregada al Presidente de la República hace todavía más necesaria la reforma impulsada por él. La seguridad........

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