La duda más que razonable está en qué decisión los llevó a dejar la caja vacía, ya que ante ausencia de justificación razonable, estaríamos frente a hechos que huelen a delito.

Es parte de todo fin de gobierno que se aceleren trámites, se provean cargos y se resuelvan asuntos a última hora. Muchas de estas decisiones son cuestionables, aunque no necesariamente ilegales. Por ello el foco no debe limitarse únicamente a una auditoría, sino a desplegar toda la fuerza del Estado para despejar cualquier responsabilidad: administrativa, civil y penal.

Entendiendo que “amarres” son aquellas decisiones adoptadas por una administración saliente que entorpecen o imposibilitan que el gobierno entrante —en este caso el de José Antonio Kast— ejecute de manera seria y eficaz su programa. No se trata de actos orientados a cumplir tardíamente el plan de gobierno anterior —porque de haber sido así, se habrían ejecutado al inicio—, sino de decisiones adoptadas usando el poder del Estado para condicionar la gestión del nuevo gobierno.

No todos los amarres tienen la misma magnitud. Muchos de ellos pueden “desamarrarse” mediante mecanismos propios del derecho administrativo, como la invalidación o la revocación de los actos........

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