El trabajo infantil, especialmente en sus peores formas, constituye una grave vulneración de derechos humanos.

Cuando afecta a niños, niñas y adolescentes, compromete su derecho a una infancia digna, segura y protegida, afectando su identidad, educación, salud y bienestar integral. Este tipo de explotación, reconocida tanto por nuestra legislación como por convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile, requiere una respuesta firme y coordinada.

En particular, la trata de personas con fines de trabajo forzoso es una de las expresiones más extremas del trabajo infantil. Es indispensable no naturalizar estas situaciones ni permitir silencios cómplices. Reconocer, visibilizar y denunciar estas vulneraciones es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, especialmente cuando se trata de contextos de alta vulnerabilidad, como los que enfrentan muchos niños y niñas migrantes sin redes de apoyo ni acceso garantizado a servicios básicos.