El derecho y el dinero parecen no compartir los mismos tiempos. El derecho necesita escuchar, ponderar y decidir, y eso toma tiempo; buena parte de su legitimidad, como explicó Luhmann, descansa precisamente en el procedimiento. El dinero, en cambio, puede cambiar de cuenta, de titular y de país mientras el Estado firma uno que otro oficio.

Cuando se discute sobre crimen organizado, la atención se concentra en las facultades –quién puede hacer qué y cómo– y el tiempo queda en segundo plano. Sin embargo, en una investigación por lavado de activos —y más aún frente al comiso o la recuperación de activos—, el obstáculo más persistente suele ser, simplemente, el reloj.

Hay una consigna que se repite una y otra vez: seguir la ruta del dinero. Y en parte se ha logrado. Se reconstruyen transferencias, se identifican sociedades, se prueba cómo una ganancia ilícita terminó confundida con la economía formal y, con eso, se imputa y se condena.

El problema es que esos fondos siguen trabajando mientras se investiga y se juzga. Con ellos se recluta, se compran armas y se corrompe; el patrimonio de una organización criminal es poder y, a la vez, lo que le permite reproducirlo. Si el Estado solo reconstruye esos flujos hacia atrás, tendrá una buena investigación y probablemente una condena significativa, pero mientras tanto ese dinero habrá seguido financiando el negocio. Dicho de manera sencilla: no es que lleguemos tarde, es que partimos tarde.

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