No por un puñado de investigaciones ideologizadas, financiadas por el gobierno anterior, deberían pagar quienes investigan seriamente.

Como es normal, la crítica ha sido abundante con relación al comentario del presidente Kast, en el que, aludiendo al descontrol del gasto público en materia de investigación, ejemplificó su reproche con la edición de libros que serían inservibles para generar empleos.

No solo desde la oposición, sino que, desde su propio sector, se alzaron voces condenando este exabrupto. Porque, en verdad, fue eso, y algo más: un mazazo lanzado al voleo, un eructo que se escapa del inconsciente en forma de coprolalia contra la investigación como tal, y contra esos bellos instrumentos de transmisión del saber que son los libros.

Sus explicaciones posteriores, matizando sus dichos, así como las de la ministra de Educación precisando el propósito, no lograron eximir ni relativizar la gravedad de la afirmación, menos aún, atenuar la torpeza.

Sucede que aludir tan livianamente a la investigación científica, teniendo como referencia la cantidad de empleos que genera a corto plazo, es una aberración conceptual. Primero, porque desconoce completamente el funcionamiento y sentido de la investigación científica; segundo, porque al analizar las cifras invertidas se constata que no sobran los recursos para la investigación, sino que faltan; tercero, porque estigmatizar a los investigadores, cuya inmensa mayoría realiza su trabajo con honestidad y dedicación, solo refleja la ignorancia de quien así se expresa.

Es evidente que se debe racionalizar el gasto público; más aún en época de crisis. Cuando el desempleo heredado de la administración anterior bordea el 9%, y la informalidad equivale al 26.5% de la fuerza de trabajo, es menester actuar urgentemente. Priorizar el crecimiento que genera empleos es el camino correcto, pero racionalizar el gasto es usar la razón y el criterio, lo que no fue........

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