Mientras tanto, las y los trabajadores de la salud volvemos a cargar sobre nuestros hombros el costo de una crisis que no provocamos.

El gobierno de José Antonio Kast ha decidido avanzar en una peligrosa política de asfixia contra la salud pública chilena. Lo que intentan presentar como un simple “ajuste presupuestario” o una “reorganización financiera” es, en realidad, una operación política e ideológica que pone en riesgo la atención de millones de personas y profundiza el deterioro de una red asistencial que ya funciona al límite.

El Decreto N°333 no deja espacio para interpretaciones ingenuas: los recortes afectan directamente programas de Atención Primaria, prestaciones hospitalarias y financiamiento clínico. Solo en el Programa de Prestaciones Institucionales se ajustan más de $109 mil millones, mientras que el financiamiento hospitalario por GRD supera los $79 mil millones. A esto se suman modificaciones por más de $18 mil millones en Atención Primaria de Salud.

Estamos hablando de menos recursos para hospitales, urgencias, pabellones, reemplazos y atención territorial. Estamos hablando de listas de espera que seguirán creciendo, de hospitales funcionando bajo presión extrema y de trabajadores y........

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