Cada cierto tiempo, el debate penitenciario en Chile vuelve a concentrarse en una sola cifra: cuántas plazas faltan para reducir el hacinamiento. Poco se pregunta, en cambio, si todas las plazas contabilizadas cumplen estándares mínimos de seguridad y habitabilidad. El déficit de infraestructura es estructural y corregirlo resulta indispensable para mejorar las condiciones de reclusión, fortalecer el control interno y proteger al personal penitenciario. Pero, por sí sola, esa discusión ya no alcanza para describir el desafío que enfrenta el Estado.

La urgencia no consiste únicamente en construir más cárceles. El país necesita desarrollar un sistema penitenciario capaz de responder a la evolución del crimen organizado e impedir que la privación de libertad se transforme en una plataforma desde la cual proyectar poder hacia el exterior.

Durante décadas, el desempeño penitenciario se evaluó mediante indicadores tradicionales: ausencia de fugas, reducción de muertes violentas, mantenimiento del orden y seguridad de los funcionarios. Esos objetivos siguen siendo esenciales, pero hoy son insuficientes. Las organizaciones criminales han demostrado que pueden conservar estructuras de mando, transmitir instrucciones, administrar recursos ilícitos y ordenar delitos aun cuando sus líderes están encarcelados. En esos casos, la prisión deja de ser el lugar donde termina el poder criminal y pasa a ser uno de los espacios desde los cuales se consolida.

La pregunta estratégica, entonces, no es solo si un recinto es seguro desde la perspectiva de la custodia. También es necesario preguntarse si el Estado posee la capacidad jurídica, tecnológica, operativa y de inteligencia para interrumpir en su interior las cadenas de mando criminal.

Este cambio de paradigma obliga a pensar la infraestructura penitenciaria con criterios cualitativos, y no exclusivamente cuantitativos. No basta con conocer el número de plazas disponibles; también es necesario clasificar a la población penal según su perfil criminológico, capacidad de liderazgo, redes de apoyo, recursos económicos y riesgo de coordinación externa. Administrar a un infractor de baja complejidad no equivale a custodiar a una persona capaz de ordenar homicidios, coordinar extorsiones, dirigir redes de narcotráfico o disputar el control territorial desde prisión.

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