En la mitología griega, Cancerbero era el perro de tres cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Su función era impedir que quienes entraban pudieran escapar y asegurar que aquel límite no fuera vulnerado. La referencia es potente para un país que necesita volver a cerrar una puerta que durante demasiado tiempo permaneció entreabierta: la del crimen organizado operando desde las prisiones.

Pero lo sustantivo no está en el nombre escogido, sino en la decisión que hay detrás del Plan Cancerbero y en su capacidad para recuperar el dominio de los establecimientos penitenciarios, aislar a quienes dirigen estructuras delictuales y evitar que sigan ejerciendo poder desde donde deberían estar cumpliendo una sentencia.

Durante años hemos visto cómo determinados recintos dejaron de funcionar exclusivamente como lugares de reclusión para convertirse en espacios desde los cuales algunos grupos continuaron coordinando actividades ilícitas, transmitiendo instrucciones y manteniendo redes activas. La paradoja es evidente: una persona puede estar físicamente encerrada y, sin embargo, conservar una parte importante de su capacidad para delinquir. Cuando eso ocurre, la condena pierde una parte esencial de su sentido y la autoridad queda reducida a una presencia formal.

Por eso considero correcto que el gobierno del presidente José Antonio Kast haya decidido enfrentar este problema. No tengo ningún inconveniente en reconocer una medida que apunta en la dirección adecuada. No soy partidario de izquierdas ni de derechas; soy partidario de que las prioridades de la gente sean atendidas. Y hoy una de esas prioridades es evidente: quien comete un delito debe ser encontrado, llevado ante la justicia y, cuando corresponda, privado de libertad durante el tiempo establecido por la ley.

Chile no llegó a esta situación de un día para otro. Durante las últimas dos décadas la criminalidad se transformó profundamente. A los delitos tradicionales se sumaron organizaciones más estructuradas, mayor disponibilidad de armas, sicariato, extorsiones y formas de violencia particularmente brutales, nunca vistas. Lo que antes parecía excepcional comenzó a formar parte de una realidad que hoy condiciona decisiones tan simples como la hora en que una persona vuelve a su casa, el trayecto que elige para desplazarse o el lugar donde permite que jueguen sus hijos.

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