La discusión sobre la dieta vitalicia no es contable. Es moral y política. El movimiento que llevó a una nueva generación al poder se construyó sobre una crítica a la distancia entre élites y ciudadanía. Si el sistema político no es capaz de revisar los dispositivos que reproducen esa distancia, entonces el problema no será un expresidente ni un monto específico. Será la incapacidad de la democracia chilena de reconciliar discurso igualitario y práctica institucional.

No han sido pocos los casos donde el Frente Amplio y particularmente el presidente Boric mostraron escasa voluntad de deshacerse de los privilegios que su arribo al gobierno les suponía.

Desde los salarios de los asesores hasta el desinterés por los temas que le dieron la oportunidad de brillar en sociedad (como la educación), la conducta del presidente ha sido consistente con una tesis fundamental de la sociología política: la transformación psicológica del líder luego de arribar al poder va acompañada de una visión muy diferente sobre la validez de los privilegios.

En este sentido, la discusión sobre la mal llamada “pensión” presidencial es parte del repertorio de problemáticas que el gobierno debió tratar con sensatez para hacerse cargo de su propio discurso histórico. También es cierto que la discusión política en general ha sido ramplona y genérica, asunto ya frecuente por desgracia.

A continuación, se intentará desarrollar un planteamiento sobre la naturaleza de la decisión de Chile de otorgar una dieta vitalicia a los expresidentes y los elementos que debieran considerarse para contar con una política pública razonable.

Revisemos el caso a continuación:

Desde el próximo 12 de marzo el presidente Boric cambiará de estatus y pasará a ocupar una especie de cargo, que no lo es; pero que supone los beneficios monetarios de un parlamentario, con la ventaja de contar con ellos de por vida y sin cumplimiento de funciones. Como se sabe, los expresidentes de Chile gozan de una especie de pensión bastante elevada.

Pero para ser justos, se hace necesario explicar por qué existen estos beneficios en muchos países y cuáles sí podríamos considerar elementos a discutir por inapropiados.

En Chile (al igual que se asume en muchos otros países), la figura del expresidente no desaparece al terminar el mandato. La ley lo convierte inmediatamente en un actor institucional permanente del Estado. Por eso, al dejar La Moneda en marzo de 2026, Gabriel Boric no entra en el sistema previsional como cualquier ciudadano ni recibe una jubilación por cotizaciones: pasa a percibir una dieta vitalicia equivalente a la de un senador en ejercicio, junto con oficina, personal de apoyo y seguridad. Se trata de un derecho jurídico automático establecido hace más de dos décadas.

El origen de esta norma fue una preocupación institucional muy concreta. Durante la transición democrática se temía que, una vez fuera del poder, los exmandatarios quedaran económicamente expuestos a presiones privadas o a la tentación de integrarse inmediatamente a empresas, bancos o incluso gobiernos extranjeros, debilitando la autonomía del sistema político. La dieta vitalicia buscó entonces algo distinto de lo que suele creerse:

Asegurar independencia y preservar la representación simbólica del Estado, bajo la idea de que un expresidente sigue siendo, de algún modo, una figura pública permanente de la República. Esta dieta para los expresidentes nunca ha sido cuestionada incluso si dichas personas han ocupado cargos remunerados con posterioridad.

Es necesario aclarar que en Chile el expresidente no ocupa un “cargo” público activo después de dejar La Moneda. No es funcionario, no tiene autoridad administrativa, no puede dictar decretos, no gobierna ni decide políticas. Desde el punto de vista del poder estatal, deja completamente el ejercicio del cargo. Lo que sí existe es otra figura: un estatuto institucional permanente.

La ley supone que quien fue jefe de Estado conserva una condición representativa del país. No tiene funciones obligatorias, horarios ni competencias formales; pero queda disponible para tareas de representación, participación en actos oficiales, invitaciones internacionales, asesorías informales a autoridades o misiones especiales si el Estado lo solicita. Es decir, no es un puesto con atribuciones, pero tampoco es un ciudadano privado ordinario.

Ya en este punto es donde ha surgido, muchas veces, la polémica. Y es que hay quienes perciben que se trata de “un pago sin trabajo”, porque no hay una función diaria exigible ni responsabilidades definidas.

Jurídicamente, en cambio, el fundamento es otro: no se paga por una labor concreta, sino por el estatus institucional derivado de haber sido jefe de Estado. Y, hay que insistir, se paga porque no exista excusa alguna para que un expresidente caiga fácilmente en las manos de intereses que pudieran afectar a Chile. Los países, por tanto, pagan por la propia dignidad. La asignación no remunera una actividad presente, sino la disponibilidad y la continuidad simbólica de la representación del Estado que la ley asocia a cualquier expresidente.

Por eso, aunque el debate reaparece periódicamente, casi siempre concluye sin cambios sustantivos. Socialmente la medida se percibe como un privilegio en un país de pensiones bajas. Institucionalmente, en cambio, funciona como un mecanismo de estabilidad del régimen político. Entre ambas dimensiones —la legitimidad social y la arquitectura del Estado— se instala una tensión difícil de resolver. Así, cada ciclo político vuelve a cuestionarla, pero no se suele llegar a buen puerto.

En el caso de Boric su pensión ha sido particularmente polémica. Y ello probablemente se deba a la singularidad de su situación. Al terminar su mandato en 2026 lo hará con apenas cuarenta años, una edad muy inferior a la considerada implícitamente cuando se creó la dieta vitalicia para exmandatarios. Normalmente se entendía la dieta como una pensión porque los expresidentes solían estar en edad de jubilación. Por eso resulta más disruptivo el caso de Boric. Pero no es lo único que lo convierte en un caso problemático.

La ley chilena no distingue trayectorias ni edades: establece que todo presidente constitucional, al dejar el cargo, pasa automáticamente a percibir un ingreso equivalente al de un senador en ejercicio, además de apoyo administrativo y seguridad. Dado el nivel de la dieta parlamentaria en relación con el salario mínimo, la diferencia resulta particularmente visible para la opinión pública.

La trayectoria previa de Boric también contribuye a la atención y fricción sobre el tema. Su carrera ha sido enteramente política, iniciada en el movimiento estudiantil y continuada como diputado durante dos periodos antes de llegar a la presidencia.

Gabriel Boric, en la visión de la población, ha quedado pensionado a los 40 años y nunca antes trabajó según el Código del Trabajo, ni como profesional (no tiene título), ni en algún oficio. Por lo demás, su discurso público de años es también un alimento concreto para sus críticos. Y es que como parlamentario fue uno de los impulsores de la reducción de la dieta parlamentaria, reforma que finalmente se materializó en 2020.

Su discurso fue siempre altisonante. Dijo, por ejemplo: “Las dietas parlamentarias son excesivas para la realidad del país”. Y lo llevó más lejos: “La desigualdad no es solo injusta; debilita la democracia”.

No fue extraño entonces que en los últimos años se planteara el tema. Surgieron entonces iniciativas legislativas destinadas a modificar o eliminar la dieta de los........

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