El crimen organizado prospera donde la presencia y la capacidad estatal son bajas, fragmentadas o corruptas.

Una aproximación rigurosa al crimen organizado exige, ante todo, una mirada estratégica sobre fenómenos manifiestos y latentes, y no la mera acumulación de tácticas reactivas o mecánicas. El crimen organizado no constituye una suma de delitos aislados, sino un hecho social estructurado, con capacidad de adaptación, aprendizaje y reproducción, que opera simultáneamente en planos económicos, territoriales, simbólicos y políticos.

En este sentido, las políticas públicas eficaces no son aquellas que se limitan a responder a los efectos visibles del delito, sino aquellas que comprenden y atacan sus condiciones de posibilidad: la existencia de mercados ilícitos estables, la disponibilidad de territorios con baja densidad estatal, y la presencia de climas sociales donde la violencia organizada puede adquirir legitimidad funcional o simbólica.

Algunas intervenciones inciden directamente sobre estructuras organizadas (por ejemplo, la persecución patrimonial o financiera); otras reducen la probabilidad de control territorial (presencia estatal sostenida, regulación efectiva); y otras actúan en un plano más profundo, reduciendo los valores, expectativas o agravios que pueden confluir en dinámicas insurreccionales o de soberanía criminal paralela. Una política pública madura debe integrar estos tres niveles de intervención de manera coherente.

Desde esta perspectiva, resulta problemático concebir el enfrentamiento al crimen organizado bajo la lógica de una “guerra” o de un combate frontal entendido en términos estrictamente coercitivos. La evidencia comparada muestra que no existe una relación demostrable entre la militarización de la respuesta estatal y la reducción sostenida del crimen organizado.

Casos como México ilustran los límites de esta aproximación: pese a décadas de estrategias de confrontación directa y despliegue militar, las organizaciones criminales no solo persistieron, sino que se fragmentaron, diversificaron y ampliaron su control territorial y económico. Algo similar puede observarse en Colombia en ciertos períodos, donde el debilitamiento de actores armados específicos no se tradujo automáticamente en la desaparición de economías ilícitas, sino en su recomposición bajo nuevas formas. Estos casos sugieren que la lógica bélica tiende a desorganizar actores visibles, pero no a desmontar los sistemas que los sostienen. En muchas ocasiones, las acciones contra un solo líder, por espectaculares que sean, no pasan de ser un golpe de efecto.

No obstante, también existen posiciones que defienden la utilidad de enfoques de “mano dura” o confrontación total, argumentando que solo una demostración inequívoca de fuerza estatal puede restituir el control y disuadir a las organizaciones criminales. Estas posturas suelen citar experiencias como la de El Salvador en su fase más reciente, donde la reducción abrupta de ciertos indicadores de violencia ha sido interpretada como evidencia de eficacia.

Sin embargo, desde una mirada estratégica, estos casos abren interrogantes relevantes sobre sostenibilidad, costos institucionales y desplazamiento del problema: la disminución inmediata de la violencia no equivale necesariamente a la desarticulación de economías criminales, ni garantiza que los factores latentes que permiten su reaparición hayan sido neutralizados.

Por ello, una política pública orientada a reducir estructuralmente el crimen organizado debe ir más allá de la lógica del combate y situarse en el terreno más complejo —pero también más eficaz— de la comprensión estratégica, la construcción de capacidades estatales y la reducción de las condiciones sociales, territoriales y simbólicas que hacen posible la organización criminal.

Comencemos el análisis con un hecho irrefutable: el crecimiento del crimen organizado en el mundo. Es un dato que el crimen organizado transnacional continúa expandiéndose en las últimas décadas, consolidándose no solo como un desafío de seguridad pública, sino también como un factor que erosiona la gobernanza, la cohesión social y el desarrollo económico en múltiples regiones del mundo.

El fenómeno, caracterizado por la participación estructurada de grupos en actividades ilícitas —como narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos y lavado de dinero— ha mostrado patrones de crecimiento diferenciados según el contexto nacional y regional, pero con tendencias globales claras hacia la diversificación y sofisticación de mercados criminales.

Para analizar las variaciones contemporáneas del crimen organizado a nivel internacional, se recurre al Global Organized Crime Index 2025 (OC Index), elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Este índice evalúa 193 países según tres pilares: criminalidad (intensidad de actividades delictivas organizadas), mercados criminales (tipos y penetración de economías ilícitas) y resiliencia (capacidad estatal para contrarrestar estos fenómenos).

De manera ilustrativa podemos mencionar algunos países elegidos para representar regiones críticas y contrastes en la organización criminal global:

El análisis comparado revela que, aunque la intensidad del crimen organizado varía geográficamente, ciertos........

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