La geopolítica global ha configurado una paradoja jurídica en los tribunales internacionales: Venezuela e Israel, distantes en sus discursos políticos oficiales, convergen en la práctica al implementar estrategias paralelas destinadas a desacreditar y neutralizar las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad y de guerra. El reciente y formal anuncio del gobierno venezolano dirigido por los herederos Jorge Antonio Rodríguez quien fuera dirigente de la Liga Socialista hasta 1976 de retirarse de forma definitiva del Estatuto de Roma, sumado a la intensa batalla legal y diplomática que enfrenta Israel tras las denuncias impulsadas por Sudáfrica, expone una alianza factual en la búsqueda de impunidad institucional frente a la justicia global.

El portazo de Caracas a La Haya el viernes 24 de julio de 2026, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, notificó oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la decisión irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma, amparándose en el artículo 127 de dicho tratado. Siguiendo instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Palacio de Miraflores justificó su salida alegando un supuesto "sesgo geográfico demostrado" y acusando a la CPI de actuar bajo lógicas de lawfare o guerra jurídica instrumentalizada por intereses occidentales, esta radical desconexión ocurre en un contexto crítico para el liderazgo chavista, madurista y rodriguista, Investigaciones abiertas de la........

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