La comunidad internacional ha condenado nuevamente el estado de sitio económico impuesto por Washington desde hace más de seis décadas.

El 30 de octubre de 2024, durante la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, y por trigésimo segundo año consecutivo, 187 países exigieron el levantamiento de las sanciones económicas unilaterales de los Estados Unidos, que asfixian a la población cubana desde 1960. Como es habitual, sólo Israel se alineó con Washington al oponerse a la resolución que presentó La Habana. Moldavia, por su parte, optó por la abstención.

Impuestas por el presidente Eisenhower con el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro, los diferentes gobiernos estadounidenses han mantenido y reforzado las sanciones. Éstas presentan características extraterritoriales – le Ley Torricelli de 1992, por ejemplo –, lo que significa que se aplican más allá de las fronteras nacionales, afectando a todos los países. Así, todo barco extranjero que entre en un puerto cubano se ve prohibida la entrada en los Estados Unidos durante seis meses. El objetivo de esta legislación es impedir el desarrollo del comercio internacional de Cuba con el resto del mundo.

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