Vemos con estupor cómo las consignas, los colores y los actos de un partido político se han vuelto parte del paisaje cotidiano de la gestión pública, y ese es precisamente el riesgo más grande que corremos: normalizar lo que, en derecho, es una irregularidad mayúscula. Hay que decirlo con claridad: cuando un funcionario electo llámese Alcalde, Gobernador, Ministro, diputado o concejal decide sentarse en la silla de mando de una organización política mientras ejerce su cargo, está rompiendo el pacto más básico de nuestra democracia. La Constitución Nacional no es una sugerencia, y en su artículo 141 es tajante al decir que la administración debe estar al servicio de los ciudadanos, sin distinción. Pero el golpe de gracia a esta dualidad lo da el artículo 145, que prohíbe expresamente que los funcionarios estén al servicio de "parcialidad política alguna".

Es aquí donde usted, como ciudadano que padece........

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