La República Bolivariana de Venezuela atraviesa un momento definitorio en su historia laboral. Hoy, nos enfrentamos a una realidad técnica y humana insostenible: un salario mínimo de 130 bolívares que, tras cuatro años de congelación nominal, se ha diluido hasta representar apenas 0,30 dólares.

Desde la perspectiva del derecho laboral docente, el Artículo 91 de nuestra Constitución (CRBV) no es una sugerencia política, es un mandato imperativo de justicia social. "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales".

La norma constitucional establece que el Estado debe garantizar un salario mínimo vital que tome como referencia el costo de la Canasta Básica. Ignorar este precepto bajo la excusa de las agresiones externas es caer en una contradicción ideológica: la soberanía nacional reside en el pueblo, y un pueblo con hambre ve mermada su capacidad de defensa y desarrollo.

En los últimos años, hemos sido testigos de la implementación de transferencias monetarias como el denominado "Bono de Guerra". Si bien estas medidas surgieron como una respuesta de emergencia ante el bloqueo criminal y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por centros de poder imperialistas, su permanencia como sustituto del salario es jurídicamente cuestionable.

Pérdida de la Naturaleza Salarial: Al no tener carácter salarial, estos bonos no impactan en las prestaciones sociales, vacaciones ni aguinaldos. Esto vacía de contenido el derecho al trabajo.

La Propuesta: Es urgente salarizar los bonos. Integrar estas asignaciones al salario básico no solo es un acto de honestidad administrativa, sino que devuelve al trabajador su "patrimonio diferido" (las prestaciones), que es su único escudo ante la contingencia del retiro.

Ser antiimperialista no es solo resistir sanciones; es construir un modelo económico robusto donde el trabajo sea el motor del desarrollo. La política de mantener salarios en niveles de subsistencia extrema favorece, paradójicamente, la fuga de cerebros y de mano de obra calificada hacia los países del norte, alimentando las economías de quienes nos agreden.

Una verdadera política de soberanía nacional requiere una triada estratégica:

Ajuste inmediato basado en el costo real de la vida.

Protección del poder adquisitivo frente a la especulación inducida.

Respeto a la progresividad de los derechos laborales, principio básico de nuestra doctrina jurídica.

El cumplimiento del Artículo 91 es la deuda más urgente del Estado venezolano con su pueblo. La clase obrera ha resistido el asedio imperial con una lealtad heroica; es hora de que esa lealtad sea retribuida con un salario que no sea un símbolo de carencia, sino una herramienta de liberación y vida digna.

Salarizar el bono e indexar al costo de la canasta básica no es solo una necesidad económica, es una obligación moral y constitucional.

© Aporrea